
Balnearia y Morteros adhirieron a la nueva Ley de Seguridad provincial
2 febrero, 2024Son 26 municipios en la Provincia y otros 14 en trámite.
El gobernador Martín Llaryora anunció este jueves que ya son 26 los municipios y comunas adheridos a la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, normativa que fue sancionada el 21 de diciembre de 2023 por la Unicameral.
Durante el discurso ofrecido en la apertura de sesiones legislativas, Llaryora señaló que la ley propugna un “sistema mixto de seguridad” al que se suman los municipios y comunas a través de guardias locales que trabajarán articuladamente y de manera auxiliar con la Policía de la Provincia.
El gobernador agradeció a los 26 intendentes que ya han adherido a la ley, cuyas ciudades representan el 50,6% de la población cordobesa. Además, señaló que hay otras 14 localidades que se encuentran en trámite de adhesión.
En concreto, los 26 municipios son: Córdoba Capital, Villa María, Alta Gracia, Alicia, Malagueño, Morteros, Balnearia, Pozo del Molle, Las Higueras, Villa María de Río Seco, La Calera, Carlos Paz, Tanti, Saturnino María Laspiur, San Francisco, Sampacho, Chaján, Noetinger, Estación Juárez Celman, Villa Cerro Azul, Potrero de Garay, Saldán, El Fortín, Embalse, Los Hornillos y Toro Pujio.
“Cuando propusimos esta ley algunos decían que ningún intendente iba a adherir, pero yo sabía que aquellos que quieren a sus vecinos se iban a sumar, porque esto no es una cuestión de partidos políticos, es un tema de enfrentar los problemas”, sostuvo el gobernador.
En el mismo sentido, destacó que el trabajo conjunto y articulado de la Provincia con municipios y comunas es clave en la lucha contra la inseguridad, y debe tener a los intendentes como “actores centrales” por ser los conocedores del territorio de cada vecino: “Gracias por su valentía. Gracias por ayudarnos a enfrentar a la delincuencia”, agregó Llaryora.
Principales aspectos de la ley
La ley introduce novedades al sistema de seguridad provincial, entre las que se encuentran:
- La creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía.
- El uso de armas no letales.
- La creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, que entre sus funciones propondrá programas de capacitación de los integrantes de las distintas fuerzas.
- La incorporación del personal de las prestadoras de servicios de seguridad.
- La vinculación de las cámaras de seguridad privadas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia.
- La estimulación del plan de desarme, con incentivos para la entrega de armas en posesión de civiles.
- La obligatoriedad de un narcotest para cargos electos y funcionarios públicos.
- La duplicación de las fiscalías antinarcóticos en todo el territorio provincial; y la creación de 12 nuevas fiscalías criminales.
