Perpetua para los tres acusados por el crimen de Aralí Vivas en Brinkmann

Perpetua para los tres acusados por el crimen de Aralí Vivas en Brinkmann

9 octubre, 2026 Off By Cristián Costa - Redacción Ansenuza al Día

La Cámara del Crimen de San Francisco aplicó la pena máxima a Ezequiel Simeone, Cristian Varela y a la madre de la niña, Rocío Rauch, en un fallo que reaviva las demandas sobre los organismos de protección infantil.

La Cámara del Crimen de San Francisco, con la intervención de jurados populares y en audiencias a puertas cerradas, resolvió condenar a prisión perpetua a los tres imputados por el femicidio de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en Brinkmann en noviembre de 2024. El tribunal consideró culpables a Ezequiel Simeone y Cristian Varela de homicidio criminis causa y abuso sexual agravado, sumando para Simeone el delito de incendio. En tanto, Rocío Rauch, madre de la pequeña, fue condenada a la misma pena en calidad de partícipe necesaria.

Durante las audiencias del debate oral, iniciado el 22 de septiembre, desfilaron más de diez testigos entre peritos, médicos y allegados. Pese a los pedidos de absolución planteados por las defensas —que cuestionaron la instrucción del caso, la presencia de la madre en el lugar y la falta de rastros genéticos de Varela—, la fiscal de Cámara, Consuelo Aliaga Díaz, logró sostener la acusación. Los jueces Guillermo Rabino, Alejandro Acuña y Claudio Requena ratificaron la máxima sanción solicitada por la fiscalía.

El atroz hecho se remonta al 1° de noviembre de 2024, cuando bomberos hallaron el cuerpo de Aralí tras controlar un incendio intencional provocado en la vivienda familiar con el fin de ocultar las pruebas del crimen. Las pericias forenses determinaron que la víctima había sufrido una muerte traumática previa al inicio del fuego y presentaba lesiones compatibles con abusos sexuales. Durante el proceso judicial, Varela fue el único imputado que prestó declaración, negando su participación, mientras que Simeone y Rauch optaron por guardar silencio.

Tras la resolución del tribunal, la comunidad y los allegados a la víctima exigen profundizar las investigaciones para determinar las responsabilidades administrativas por no haber evitado la tragedia.