Caso Aralí Vivas: investigan posibles responsabilidades penales de la SENAF y Acción Social
22 octubre, 2026Tras las condenas a prisión perpetua de los tres culpables, el fiscal Francisco Payges confirmó que el expediente sobre el desempeño estatal sigue abierto, mientras la familia de la niña reclama fallas graves en la protección de los menores.
Aunque la Justicia dictó prisión perpetua para la madre de Aralí Vivas, su expareja y un amigo por el brutal crimen perpetrado en Brinkmann en noviembre de 2024, la causa tuvo un desprendimiento clave. La Fiscalía de Instrucción de Morteros mantiene abierta una investigación conexa —iniciada de oficio por el fiscal Gieco— para determinar si personal de la SENAF y de Acción Social incurrió en delitos u omisiones en el seguimiento del entorno familiar.
El fiscal Francisco Payges precisó que el expediente no está cerrado y aclaró que Aralí nunca estuvo judicializada ni bajo tutela directa de la SENAF, a diferencia de algunos de sus hermanos que sí atravesaron medidas de protección y acogimiento. Por su parte, tras el caso se creó la UDER Morteros y se renovó íntegramente al equipo interviniente. Respecto a las condenas principales, Payges expresó su conformidad con el fallo al considerar que supuso «una pequeña compensación para Aralí», aunque reconoció que nada repara su pérdida.
En paralelo, la tía de la niña, Betiana Heredia —quien hoy cuida a dos de los hermanos sobrevivientes—, cuestionó con dureza el accionar estatal. Denunció que la familia paterna alertó repetidamente sobre el contexto de violencia y criticó que los niños fueran retirados de forma temporal para luego ser devueltos a su madre. «Los chicos eran como paquetes, iban de un lado a otro. Sacaban a los chicos 15 o 20 días y se los volvían a entregar a los propios asesinos», fustigó la mujer, reclamando respuestas institucionales sobre los criterios de restitución aplicados.
